Gobierno propone que hospitales, AFP y colegios reporten datos de migrantes irregulares para facilitar expulsiones

En medio del debate por la crisis migratoria, el Gobierno ingresó una indicación clave al proyecto de ley que busca agilizar el procedimiento de expulsiones administrativas. La propuesta establece que organismos de salud, educación y previsión —tanto públicos como privados— deberán entregar información personal de extranjeros que se encuentren en situación irregular cuando la autoridad migratoria lo requiera.

La medida fue presentada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ante la comisión de Gobierno del Senado, con el objetivo de cerrar las brechas de identificación que hoy dificultan la ejecución de los decretos de expulsión.

¿Qué instituciones estarían obligadas a informar?

De aprobarse la norma, se añadiría el Artículo 104 bis a la ley vigente, creando una "obligación de entrega de información" para un amplio espectro de entidades que tienen contacto cotidiano con la población migrante:

• Salud: Hospitales, consultorios, Fonasa e Isapres.

• Educación: Colegios, jardines infantiles y establecimientos de educación superior.

• Previsión: AFP y organismos previsionales.

Estas instituciones deberán proporcionar datos específicos como domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico y otros antecedentes personales pertinentes de aquellos extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en curso.

El objetivo: Identificación y fiscalización

Desde el Ejecutivo explicaron que la intención es aprovechar los puntos de contacto que los migrantes irregulares tienen con el Estado para avanzar en su ubicación. Según el Gobierno, esto no solo facilitaría las expulsiones, sino que también permitiría detectar irregularidades laborales e incumplimientos de la legislación vigente.

El senador Andrés Longton (RN) defendió la iniciativa señalando que estos antecedentes permitirán un proceso más eficiente.

“Permitirá acelerar procesos de expulsión y fortalecer la fiscalización sobre personas que permanezcan en el país sin documentación regular”, sostuvo el parlamentario, agregando que la información también servirá para evaluar el impacto de la migración en los servicios públicos.

Reserva de datos y protección de la información

Conscientes de la sensibilidad de la medida, el texto legal establece que los datos recopilados estarán sujetos a estricta reserva. La información solo podrá ser utilizada para los fines migratorios específicos establecidos en la ley y bajo el marco de la legislación vigente sobre protección de datos personales.

La propuesta genera un intenso debate en el Congreso, donde se analizan las implicancias éticas y legales de involucrar a servicios básicos, como salud y educación, en labores de control migratorio.